Boletín de Prensa

 BOLETÍN DE PRENSA
Unidad, justicia, derechos, leyes, tierra, libertad y respeto

A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales defensoras del medio ambiente y todas las redes sociales,
 

Los campesinos ejidatarios inconformes de la comunidad de San Isidro, Ejido de San Juan del Río, Municipio de Rafael Delgado rechazamos la instalación y activación de la antena de telefonía celular: exigimos de manera categórica e inmediata el desmantelamiento y el retiro en su totalidad de la torre y antena de telefonía de la empresa MATC DIGITAL S. de R.L de C.V., subsidiaria de la empresa American Tower Corporation.
 

Hoy estamos a unos cuantos meses de cumplir 5 años en que hemos estado luchando y exigiendo a las autoridades ejidales y municipales, para ser escuchados, y que sean respetados nuestros derechos.
Para ser exactos, el 19 de octubre del 2008, arribaron unos desconocidos al ejido, diciendo ser empresarios y llegaron a las instalaciones de nuestra casa del campesino, sin aviso previo, al momento que se estaba llevando una asamblea ejidal ordinaria. Tomados por sorpresa los presentes y así en su nula explicación del comisariado ejidal el C. José Emeterio Martínez y su comitiva expusieron a que se sometiera a votación la colocación de una antena telefónica, argumentando que traería beneficios a los ejidatarios.
 

En la votación que llevaron a cabo, de 200 ejidatarios presentes 85 votaron a favor de la instalación de la antena y la mayoría no fue tomada en cuenta – violando las estipulaciones que rigen las asambleas ejidales de acuerdo a la Ley Agraria. Posteriormente, se declaró que la votación fue a favor de la instalación de la antena y se desaparecieron casi todos los documentos legales de dicha asamblea.
 

Después de ese hecho, se llevó a cabo un proceso de difundir información detallada a los ejidatarios y posesionarios sobre los efectos adversos que causaría dicha antena de telefonía celular en cuanto a la salud de las personas que viven cerca si se llegase a conectar. Hemos investigado que las antenas emiten rayos electromagnéticos que pueden causar efectos serios incluyendo enfermedades cancerígenas tales como leucemia, además del fenómeno de electrohipersensibilidad que incluye dolor de cabeza, fatiga, debilidad, depresión, pérdida de memoria, irritabilidad, mareo, problemas dermatológicos y cardiovasculares. Estos efectos han sido descritos ampliamente en estudios internacionales y reconocidos por la Organización Mundial de Salud. De hecho, la misma OMS ha recomendado que las antenas de telefonía celular no se deben de instalar dentro de un radio de 500 metros de distancia de zonas de vivienda y convivencia humana. En el 2012, El Grupo de Trabajo BioInitiative, un conjunto de científicos y médicos, publicó su análisis de una revisión de más de 1800 estudios científicos examinando los efectos adversos de los campos electromagnéticos en los cuales se encuentra la radiación emitida por torres de telefonía celular. De acuerdo al comunicado de prensa emitida por el grupo en enero del 2013, la exposición a ese tipo de radiación causa un aumento considerable en el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cánceres. Por lo mismo contamos con una carta de apoyo de 30 profesionales de la salud a nivel regional, nacional e internacional que piden el cumplimiento de nuestra exigencia del desmantelamiento de la antena, “En pleno acuerdo con la definición de salud establecida por la OMS (el estado de bienestar físico, mental y social completo y no solo la ausencia de enfermedad).” Además de la salud de los seres humanos, este tipo de radiación también causa efectos en la flora y la fauna, punto importante para nosotros ya que somos campesinos y nuestra forma de vida y sobrevivencia tiene una relación íntima con la integridad de la naturaleza.
 

El 6 de diciembre del 2009, se llevó a cabo una nueva asamblea, cumpliendo con los lineamientos de la Ley Agraria, en la cual la mayoría votaron en contra de la instalación y activación de la antena. Para hacer respetar la decisión de los afectados, comenzamos nuestra lucha que ha incluido hasta la fecha movilizaciones y manifestaciones en la presidencia municipal, solicitudes de intervención por parte de las autoridades municipales y de la procuraduría agraria así como la difusión de nuestras exigencias a través de los medios de comunicación y las organizaciones sociales para que la sociedad mexicana también se de cuenta de la manera ilegal en la cual está actuando la empresa. Hasta ahora, por la misma movilización y esfuerzo de los afectados, se ha logrado parar la activación de la antena, sin embargo persiste la torre en nuestro territorio, y persisten las presiones y amenazas constantes por parte de los representantes de la empresa. Estas presiones han tomado forma de intimidación directa, demandas legales en contra de algunos ejidatarios y ofertas de dinero a cambio de capitular la oposición.

Hoy en día seguimos en pie de lucha y mantenemos firme nuestro rechazo rotundo y seguimos exigiendo enérgicamente que sean respetados nuestros derechos como pueblos originarios. Sabemos que sin la autorización de la mayoría de la población afectada además de los efectos en nuestra salud, la instalación y activación de la antena viola los artículos 2, 4, y 26 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 2, 4, 6, 7, 13, 14, y 18 del convenio 169 de la OIT y la Declaración de Rio de Janeiro sobre el medio ambiente la cual México firmó en el 1992. El principio 15 de dicha declaración, el llamado principio de precaución, establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Contamos con 750 firmas de los principales afectados que vivimos alrededor de la antena y de los docentes y alumnos de una escuela que está cerca de la antena. También nos respaldan los compañeros de la Promotora de Derechos Humanos de la Sierra de Zongolica, Olohkan Tomochiwalis en nuestra lucha.
Con el apoyo de la gente y de las leyes, las autoridades deben y tienen que darle prioridad a la población, porque la tierra es de quien lo habita y lo trabaja. Ningún presidente municipal, empresa o autoridad ejidal está por encima de las leyes y la soberanía de un pueblo.

Atentamente: Los campesinos ejidatarios y posesionarios inconformes del Ejido San Juan del Río.
Comunidad de San Isidro, Ejido de San Juan del Rio, Municipio de Rafael Delgado a 17 de junio de 2013.